La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires ordenó que todos los tribunales y juzgados bonaerenses deberán brindar información para ser incluida en el Registro de Condenados por Delitos contra la Integridad Sexual.
Este registro fue creado a través de la ley 13.869, que posteriormente fue reglamentada por el decreto 578/09, y establece la conformación de un banco de ADN de delincuentes sexuales. Es decir, se asentarán los resultados de estudios genéticos que se realicen en las investigaciones penales “especialmente en las que se investiguen delitos contra la vida, la integridad sexual, la identidad o la libertad de las personas”.
Según informó el máximo tribunal a través de una resolución, el Tribunal determinó “hacer saber a la totalidad de los órganos jurisdiccionales de la Provincia que a los fines de su implementación tendrá que informar la identidad de los condenados y sus demás datos personales”.
Ahora la información será comunicada a la subsecretaría de Justicia para que se haga su respectiva incorporación al mencionado registro.
La Corte remarcó que “el registro tiene la finalidad de prevenir y evitar la posible reincidencia de los autores de delitos contra la integridad sexual, circunstancia que amerita la exactitud y minuciosidad de la información a suministrar por parte del Poder Judicial”.
Las estadísticas muestran que en la Provincia se denuncia una violación o abuso cada dos horas y media. Es decir: las fiscalías bonaerenses reciben unos 3.500 episodios por año. En el ministerio de Seguridad informaron que se resuelve el 35 por ciento de los hechos denunciados, aunque admiten que existe “una cifra negra”, o sea violaciones o abusos que nunca llegan a la Justicia. En esta franja están los casos intrafamiliares.
Por otro lado, las cárceles de la Provincia alojan a 1.600 personas acusadas por delitos sexuales, lo que sería el 5 por ciento de la población penitenciaria.
Este registro fue promovido por el gobierno provincial y sancionado por la legislatura bonaerense. Además, el registro contiene copia de las sentencias judiciales de personas condenadas por ese delito y es el Poder Ejecutivo el encargado de la reglamentación.
Fuente: Diario HOY. Leer la nota original.
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